Tras la victoria de republicanos y socialistas en las elecciones de Junio de 1931, comienza el conocido como "bienio progresista", cuya primera tarea va a ser elaborar una nueva Constitución que sirva de base legal al nuevo régimen político español. Una Constitución muy abierta, con una firme separación de poderes, y en la que por fin se intentan solucionar los problemas que venía arrastrando el país durante todo el siglo XIX: un Estado separado de la influencia de la Iglesia; una serie de leyes con las que se espera mejorar la vida de los trabajadores, tanto en el campo como en la ciudad; y lo que se considerá será la solución a las proclamas independentistas de algunas regiones del país. Sin embargo, pese a aprobarse, esta Constitución no nacerá con respaldo de todos los grupos parlamentarios y eso, en el futuro inmediato, supondrá un grave problema.
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